Washington,  (EFE).- La masacre de 72 migrantes en México constituye un nuevo hecho trágico que pone de relieve la necesidad de que el Congreso de EE.UU apruebe la anhelada reforma migratoria.

Hasta antes de su muerte a manos de narcotraficantes la semana pasada, la suya era una historia repetida miles de veces en América Latina: migrantes que venden o empeñan sus pertenencias, dejan a sus familias y salen rumbo a EE.UU, cargados de sueños y planes para conseguirlos. Los líderes del Congreso no pueden argumentar que ignoran esa realidad. Decenas de estudios la documentan, el propio Departamento de Seguridad Nacional mantiene estadísticas de los arrestados y deportados, y varios inmigrantes han dado ante el Legislativo testimonios sobre su travesía.

Congresistas y grupos en ambos lados del debate migratorio señalan a este tipo de incidentes como ejemplo de la urgencia de resolver el problema de inmigración ilegal en Estados Unidos.

Si en algo coinciden es que mientras haya pobreza en sus países y haya quienes los contraten en EE.UU, muchas veces en condiciones de explotación, los indocumentados seguirán viniendo y de aquí no se irán.

En la zona fronteriza, al menos 1.050 migrantes han fallecido sólo en el condado Pima, en Arizona, desde el año 2000. En lo que va de 2010, al menos 170 han perecido a lo largo de toda la frontera sur.

Pero la muerte por deshidratación, picaduras de animales, o insolación no disuade a los migrantes. Apuestan a que burlarán las medidas de seguridad en la frontera y que llegarán sanos y salvos a su destino.

Si tienen que pagar al menos 5.000 dólares para que un "coyote" los ayude a cruzar por desiertos y montañas, lo hacen porque el hambre aprieta y porque, a largo plazo, su meta es ahorrar dinero para un futuro más promisorio que el pasado de carencias que dejaron atrás.

Es en ese contexto que se debe entender el por qué los latinoamericanos siguen emigrando de sus países y por qué el tráfico de personas a lo largo del continente se ha convertido en un lucrativo negocio.

Así, el asesinato de los migrantes no debía sorprender a nadie ya que desde hace mucho tiempo los expertos venían advirtiendo de que el crimen organizado ha encontrado en ellos una vía fácil para enriquecerse.

Con la ley de "plata o plomo", las bandas criminales -muchas veces coludidas con policías corruptos- cumplen su amenaza de matar a quienes no pueden pagar sus rescates o cuotas para transitar por las zonas y rutas controladas por los narcotraficantes.

Esa es aparentemente la suerte que le tocó a los 72 migrantes en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, en el noreste de la geografía mexicana y a unos 160 kilómetros de la frontera con Texas.

Su único sobreviviente, el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, relató a los autoridades que 10 hombres que se identificaron como miembros de los "Zetas" los interceptaron en cinco vehículos mientras éstos se acercaban a la frontera común.

Los amarraron y los llevaron al rancho, donde les ofrecieron trabajar para la organización, según Lala. Cuando la mayoría se negó, los narcos los vendaron, los obligaron a acostarse en el suelo y los mataron.

Se desconoce con exactitud cuántas veces se ha repetido esta escena en México, y cuántos han vivido para contarla o se callan por temor a represalias. Las fosas comunes son un constante recordatorio de la brutalidad y las vejaciones a las que con mayor frecuencia recurren los narcos.

Cada año, alrededor de 20.000 migrantes son secuestrados en México por bandas criminales que "actúan con total impunidad", según han denunciado varias organizaciones civiles mexicanas en base a informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese país.

El Gobierno de Washington ha reiterado su apoyo político a la lucha antidrogas en México.

Pero, ante la crisis humanitaria en México por los abusos a los migrantes en su tránsito hacia el Norte, cabe preguntar cuántos muertos hacen falta para que el Congreso dé un mayor sentido de urgencia a una reforma migratoria en EE.UU. EFE