Entre el 30 junio y el 30 de julio de este año, el número de personas que desaprueban una reforma en el sistema de salud de los Estados Unidos se elevó de 28 por ciento a 48 por ciento, según revelaron varias encuestas realizadas por algunos medios de comunicación, incluyendo el Nacional Public Radio. Esto ocurre exactamente en el mes en que se activó la campaña contra la reforma, una campaña que ahora es solapada y que en cualquier momento saltará a los medios de comunicación como propaganda pagada. ¿Quién la paga? 
Dicen los criminólogos que cuando se comete un crimen el primer sospechoso es el beneficiario, es decir, el que recibe una poliza por la muerte de la víctima o al que de alguna otra manera le conviene la muerte de esta. 
En este caso los grandes beneficiarios de que no se apruebe una reforma del sistema son las empresas ligadas a la salud, y como eje central de estas, la llamada Asociación Médica Americana. 
Esta organización, a diferencia de las que conocemos en otros países, no es un gremio de médicos, pues menos de una cuarta parte de los galenos en Estados Unidos pertenecen a ella, y esa pequeña porción está formada por médicos empresarios de la salud, es decir, accionistas de consorcios médicos y otras instituciones. 
Para que no queden dudas del grado de incriminación de esta organización en la campaña contra la reforma, está la declaración que sus dirigentes hicieron y han seguido haciendo en contra de lo que llaman “intromisión del gobierno en la industria de la salud”, las cuales en su contenido son idénticas a lo que dice la propaganda. 
Si el gobierno no utiliza mecanismos lo suficientemente efectivos para contrarrestar esa poderosa propaganda, la reforma se quedará frita como un patacón olvidado en la sartén. 
Si el gobierno de Barack Obama realmente quiere reformar el injusto sistema de salud del país, tiene que hacerle saber al pueblo que sí existen 50 millones de personas sin seguro médico, que no es un invento, que es una cifra del censo y de los estudios independientes de salud. Que entre esos 50 millones no hay indocumentados, porque las personas que no tienen Seguro Social no pueden aplicar para los servicios de salud, a menos que se trate de programas especiales o con fondos privados, y que se sepa, el plan de reforma del sistema de salud en ninguna de sus partes habla o establece que a un indocumentado se le vaya a dar un seguro médico público. 
Que esos 50 millones de personas no cubiertas son aquellas que no son tan pobres como para poder calificar para el Medicaid, ni tan ricas para pagar la fortuna que cobran los seguros médicos, los cuales de cualquier manera no son tampoco garantía de cobertura. 
¿Por qué decimos esto? Pues porque las compañías aseguradoras tienen una larga lista de enfermedades que no entran en los planes comunes a menos que se pague mucho dinero por ellas. También aunque usted lo pague, existe lo que ellos llaman enfermedad “pre-existente”, en virtud de lo cual se pueden negar a cubrir los gastos de su enfermedad. 
No son uno ni dos, ni diez, ni cien, sino miles y millones de personas que han perdido todos sus bienes para poder pagar por su salud porque las compañías de seguro se han negado a cubrir sus gastos después de haberse pasado la vida pagándoles la póliza. 
Hay millones de personas en este país que prefieren morir antes que ir a una sala de emergencia donde el costo de las atenciones médicas es mayor que el de un meses en la suite presidencial del Cesar Palace con el casino pago. Hay quienes deciden morir antes de dejar a sus familiares en la ruina. 
Otra de las grandes mentiras de las compañías interesadas en que no haya una cobertura médica universal, es la de que en los países donde existe salud pública los servicios son deficientes, pero para demostrar lo contrario necesitamos otro articulo que será el de la próxima semana.