Un “upper cut” en boxeo, es un gancho de abajo hacia arriba que conectado en la barbilla del boxeador opuesto puede dejarlo sin aire y sin aliento, y en muchos casos, mandarlo hacia la lona. No otra cosa fue lo que un Juez Federal infligió a la ley inmigratoria aprobada en Arizona y que debía de entrar en vigencia en esta semana.  La decisión del Juez Federal fue el primer golpe duro que recibe la famosa ley de inmigración de Arizona que, desde que fue aprobada, se sabía que no resistiría la prueba de la constitucionalidad.
El Juez basó su opinión en el riesgo que la susodicha ley implicaba para el libre ejercicio de circulación de los ciudadanos, que por una u otra razón, iban a ser detenidos basados en su identidad racial. Ese aspecto fue el más atacado por los que en un principio se opusieron a la ley. 
La enunciación de la ley no dejaba claro cuáles eran los elementos que los ejecutores de la aplicación de la ley usarían para determinar la ilegalidad de un ilegal y la legalidad de un legal, echando de esa manera un baldón de dudas a algo que como una ley no puede dejarse al margen de la duda.
Desde que la ley fue conocida, no fueron pocos los que argumentaron, que se estaba aprobando un documento, del que no había dudas daba poder a las autoridades policiales para cometer abusos, ya que no había ninguna previsión por la que se determinara la identidad de un ilegal sin recurrir a lo étnico-racial.
En ese sentido la decisión del Juez Federal en detener la aplicación de la ley fue algo que se caía de la mata, como dice un viejo refrán.
Otro elemento que dejó sin efecto el Juez, fue la disposición de la ley que obligaba a los ciudadanos a portar sus documentos en caso de que se le requiriera su identidad.
No hay lugar a dudas de que esta decisión judicial estuvo avalada por un gran sentido común. Eso de usted cargar para arriba y para abajo con documentos para mostrar su identidad, es algo propio de prácticas que llevan a cabo  regímenes de fuerza. Además, andar con documentos legales es la mejor receta para perderlos.
Otra de la disposición que dejó sin efecto el Juez Federal, fue aquella que prohibía conceder trabajo a los indocumentados.  Hay que pensar sobre las consecuencias negativas que esta disposición de la ley traería a la sociedad. Negar el derecho al trabajo de seguro abriría las puertas al crimen y a otros actos negativos, ya que no hay mejor receta para estos cuando se pone a una persona al borde de la subsistencia obligada.
Un último elemento que puso de manifiesto la disposición del Juez Federal fue, y esto fue advertido por muchos, que los asuntos de inmigración es una facultad  propia del gobierno federal y no de los estados.
Los gritos de protestas por parte de los que apoyan las leyes de Arizona, no se hizo esperar.  En ellos se volvió a manifestar el sentido errado de esa posición y el interés de esos grupos de llevar a cabo algo que carece de sentido práctico. El problema inmigratorio no se va a solucionar con disposiciones como las que establecieron los legisladores del estado de Arizona y como quieren imitarlos otros. El problema es complejo y necesita alternativas más viables, que no caigan en el extremismo y mucho menos, que violenten principios elementales del derecho de la persona como sucede con las leyes de Arizona. En ese sentido, las disposiciones del Juez Federal dieron en el clavo.