Un elemento que ha solidificado la vigencia de la institucionalidad en la historia de esta nación, es el respeto a los derechos constitucionales que la amparan. La continuidad institucional se ha debido a la resistencia de sus ciudadanos a querer convertir la constitución, como ha sucedido en otras partes, en un pedazo de papel que se maneja por la conveniencia de las circunstancias. Eso no quiere decir que la institucionalidad constitucional haya sido afectada en ciertos momentos históricos cuando celosos grupos nacionalistas han querido interponer sus deseos más allá de los linderos que establecen los mandatos constitucionales. En esos momentos se lastimaron sensibles prerrogativas constitucionales de legítimos ciudadanos con el objetivo de poner en práctica acciones políticas contraproducentes a los derechos de la persona.
Los casos que más pronto vienen a nuestra mente fueron los cometidos contra los ciudadanos japoneses y alemanes en los albores de las dos Guerras Mundiales. También, los que se cometieron contra los ciudadanos de origen chino y los mexicanos durante la construcción de las líneas del ferrocarril del Oeste. Y tampoco se puede echar a un lado la marginación que sufrieron los afro-americanos por su condición de ser esclavos aun después de declarada la independencia.
De estos casos, tuvo significativa crueldad el llevado a cabo contra los descendientes de japoneses a quienes se les confinó en campos de concentración en el desierto de Arizona, porque se les atribuyó complicidad, totalmente injustificada, al ataque que Japón había llevado a cabo contra el puerto de Pearl Harbor. El nacionalismo extremo se exacerbó contra inocentes ciudadanos que nada tenían que ver con el acto cometido por su nación de origen. No hace mucho tiempo, creo que durante la administración Clinton, el Congreso pidió disculpa a los ciudadanos norteamericanos de origen japonés por los desaciertos cometidos contra ellos en aquel entonces.
Algo semejante y parecido se proponen llevar a cabo grupos de la ultraderecha, esta vez contra el derecho de ciudadanía adquirido por los niños de inmigrantes indocumentados, nacidos en territorio norteamericano y que son amparados por el derecho constitucional vigente, que les da plena ciudadanía a todos los nacidos en territorio norteamericano, excepto los hijos de diplomáticos y los hijos de soldados invasores.
Este derecho, conocido en la jurisprudencia como “Jus Solis”, pertenece a la tradición del derecho inglés y el norteamericano desde los días de la independencia. Fuera de ese derecho se quedaron  los afro-americanos, que luego fueron incluidos cuando se aprobó la 14 Enmienda, donde definitivamente se estableció como principio de derecho la ciudadanía en virtud del nacimiento.
Como todo lo anti-inmigrante que sucede hoy día, la propuesta de quitar el derecho de nacimiento a los hijos de indocumentados, viene de Arizona aunque ya en 1995 un legislador californiano hizo lo mismo. La legislación que pronto será introducida, dice que Arizona “rehusará aceptar o  conceder un acta de nacimiento que reconozca la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes ilegales, a no ser que uno de los padres sea ciudadano.”
Las razones detrás de esta otra macabra maniobra se fundamentan en la falsa teoría de que, intencionalmente, madres indocumentadas planifican de manera premeditada venir a parir a territorio norteamericano y de esa manera, reclamar beneficios gubernamentales para ellos y sus hijos. Además, para sentar las bases de que ese hijo en un futuro pueda reclamar sus padres.
La falacia de esta propuesta, que ya está siendo alimentada en los estados de California, Oklahoma, Texas y Utah, no tiene asidero legal y mucho menos práctico.  Las últimas legislaciones de control sobre la inmigración hacen casi imposible que en un corto tiempo un hijo pueda reclamar a sus padres para obtener la residencia legal. La actual legislación establece en ese sentido, que un hijo tiene que tener 21 años de edad para reclamar a sus padres o un familiar inmediato. Además, estos deben demostrar que no han estado ilegalmente en territorio más de un año, de lo contrario tienen que retornar a sus países de origen y esperar 10 años para entrar legalmente a territorio norteamericano.
Como se ve, los obstáculos a salvar son extremadamente difíciles y complicados. Habría que tener una mente bien obnubilada para concebir que el nacimiento de niños de padres ilegales obedece a un plan premeditado.
Por otro lado, la modificación de la ley del “Welfare” que se llevó a cabo en 1996, prácticamente hace imposible a un indocumentado reclamar beneficios. De acuerdo a esa ley los inmigrantes tienen que esperar un período de cinco años para poder reclamar beneficios.
No son pocos los que atribuyen a estas rígidas restricciones, el hecho de que muchos inmigrantes no busquen las vías legales para regularizar su status y también, que muchas madres atemorizadas no acudan a los centros de salud para buscar atenciones prenatales y asistencia pediátrica.
No hay que tener dos dedos de frente y ser un perito en asuntos constitucionales para reconocer, que estos intentos de promover la anulación del “Jus Solis” o el derecho de ciudadanía por nacimiento, no van a resistir la prueba de la constitucionalidad. Lo que busca este nuevo intento es poner presión a la opinión pública para que se impongan medidas extremas, aún cuando sean irrealizables y de espalda a las reales soluciones al problema inmigratorio.