La semana pasada se dio a conocer una medida del Departamento de Inmigración, que corresponde con un clamor que muchos sectores sensatos de la vida pública del país habían demandado. Se trata del anuncio de detener los apresamientos y deportaciones de inmigrantes ilegales que no posean records criminales y que estén en proceso de reglamentar su status.

Las denuncias de que el departamento conocido bajo las siglas de ICE se había dado a la tarea de hacer detenciones indiscriminadas y más allá de las que sus funciones les atribuían, hicieron comprender a las autoridades, de que las acciones de dicho departamento estaban dando lugar a claros abusos.
No es de sorpresa para nadie, por las cientos de denuncias y reclamos, que el ICE, cuya función es localizar inmigrantes con records criminales,  estaba extralimitando sus funciones, haciendo detenciones caprichosas de personas indocumentadas y sometiéndolas a procesos y encarcelamientos totalmente injustos y fuera de los marcos del derecho.
Importantes medios de comunicación, entre ellos el New York Times, han reportado sistemáticamente en los últimos dos años los abusos del ICE, y como esta institución, no solamente se extralimitaba en sus funciones, sino que sus acciones estaban en consonancia con negocios turbios en el encarcelamiento de los detenidos.
Miles de personas sin records criminales fueron confinadas en prisiones por tiempo indefinido y aisladas totalmente de sus familiares. Los detenidos eran trasladados a lugares desconocidos, dejando en la angustia a sus seres queridos. Hubo casos que luego se confirmó, que eran personas que poseían documentos legales,  pero debido al sistema a que eran sometidos, se les hizo imposible probar que estaban en el país legalmente.
Por otro lado, se estableció que el proceso de encarcelamiento de los detenidos se convirtió en un pingüe negocio para compañías administradoras de cárceles privadas, que con el aval del ICE y otros cuerpos policiales incentivaban la detención de inmigrantes con el objetivo de incrementar su número y así aumentar sus beneficios. El New York Times, en un bien documentado trabajo de investigación de principio de año, puso al desnudo estas oscuras prácticas.
La nueva disposición administrativa de suspender estas acciones ya se caía de la mata, debido a que era en franca violación a los derechos humanos. Además, son tantos los detenidos, que las cortes creadas para conocer los casos están extremadamente atrasadas. Abogados de asuntos de inmigración admitieron, que tienen que esperar cerca de dos años para obtener una audiencia. Lo mínimo son quince meses de espera. De acuerdo a los datos suministrados por una agencia que da seguimiento a las detenciones de inmigrantes revela, que los casos en las cortes alcanzaban  cerca de 247,922.  El anuncio de la nueva disposición fue bien recibido por las comunidades de inmigrantes y organizaciones religiosas, políticas y comunitarias, que por años vienen luchando por los derechos del inmigrante. 
Al mismo tiempo, también se dejaron sentir las protestas de aquellos que sostienen la posición, de que el uso de la fuerza es la única salida al problema de la inmigración ilegal.  Por eso, después que se aprobó la nueva disposición, acusaron a la administración Obama de ser blanda y de dar marcha atrás en la aplicación de la deportación forzosa de inmigrantes. No fue coincidencia que esas voces vinieran de representantes y seguidores del Partido Republicano, como fue el caso del Senador Republicano del Estado de Iowa. 
Solo nos resta esperar que la nueva medida sea llevada a la práctica y que no se quede en los papeles y que tampoco se le dé marcha atrás para complacer a los obstruccionistas.