He leído de arriba abajo, como dice el pueblo, la reciente ley de inmigración aprobada y firmada por los legisladores y la gobernadora del estado de Arizona, y no he encontrado un ápice de razón en lo que allí se aprobó. No creo que en la historia de la legislación de este país se haya aprobado un mamotreto legal de tal envergadura, tanto en lo que pretende lograr y en cómo se pretende lograr. Vamos a tratar de analizar la ley por partes para que se vea claro su absurdo propósito.
El primer propósito de la legislación, convertida en ley con la firma de la Gobernadora, es dar poder a todas las fuerzas policiales del estado para que procedan a detener a toda persona que resida en el estado ilegalmente, ya que eso se considerará un delito.  Empecemos por lo último. Cuándo lo que es ilegal no es un delito? Creo que para llegar a esta conclusión no era necesario perder tiempo convocando a una legislatura para definir el sin sentido, de que lo que es ilegal es un delito. Esto muestra que los legisladores y la Señora Gobernadora parece que no tenían sus cabezas y sus pies en la tierra.
Otro elemento que ha dejado pensando a todo ser vivo que tiene cerebro en este país, es la cuestión de cómo los agentes van a determinar que una persona es ilegal o no. La pieza legislativa recomienda que los agentes “hagan un intento razonable” para determinar si una persona es un inmigrante indocumentado. Yo no sé  qué quieren decir  los legisladores de Arizona cuando dicen “intento razonable”. Lo primero es que,  razonable viene de razón y la razón nos dice que si un policía tiene que identificar a una persona como indocumentado debe detenerlo e interrogarlo. Ahora bien, en base a qué lo va a detener? Por sus apariencias físicas, es decir, sus ojos, color de cabellos, color de la piel o modo de caminar, etc. Si toma como bases estos indicios, es lógico que una acción de ese tipo implica discriminación y violación de los derechos constitucionales, ya que la sospecha legal no puede ser determinada solo por elementos raciales. Cuántos miles de residentes legales y ciudadanos por igual del susodicho estado tienen las mismas características raciales que los que los legisladores quieren definir como ilegales?
Para poner a salvo ese obstáculo, los legisladores dicen que: “La raza, el color de la piel o la nacionalidad podrían no ser los únicos aspectos a considerar en la implementación de la ley.” Si usamos un poco la gramática,  podremos notar que al decir “podrían no ser los  únicos” implica que esos factores serán considerados para determinar la ilegalidad de los ilegales.
No hay lugar a dudas, de que la famosa ley va a poner en apuros a los agentes policiales del estado, a no ser que de un momento a otro, la gobernadora y los legisladores que diseñaron la ley, conviertan los policías en super-agentes al estilo de James Bond, hecho este que no pasará, ya que, hasta ese personaje desapareció de la escena fílmica.
Lo más aberrante del absurdo legal de Arizona es que, los legisladores y la gobernadora saben de antemano, que lo que hicieron fue más para crear un escándalo político que buscar una real solución al problema de la presencia de indocumentados en el estado.  Ellos saben que no cuentan con el personal para llevar a cabo la tarea que demanda la ley aprobada y además, les será cuesta arriba preparar su cuerpo policial para realizar una labor tan especializada como la de inmigración. Además, las premisas que han puesto a la ley para determinar la ilegalidad de los ilegales constituyen una violación a los principios que sirven de base a la práctica del derecho y que tienen su raíz en la Carta Magna. Por eso, ya se avizora que los retos legales a la famosa ley serán numerosos.
Tal vez el absurdo tenga explicación en el hecho, de que los legisladores y la gobernadora hayan querido legitimar y extender la práctica, deplorada y rechazada a nivel nacional por sus abusos, que desde hace tiempo lleva a cabo un famoso sheriff en uno de sus condados. Si eso era lo que pretendían, ya entendemos lo del absurdo.