La ley de inmigración  que se pasó en Arizona y que ha levantado una tormenta de protestas en todo el país, no es un hecho singular y único, sino que, aunque parezca extraño, es una entre otras tantas medidas con las que por largo tiempo se quieren acorralar a los inmigrantes indocumentados. Ya he escrito en el pasado, de que las prácticas indiscriminadas de detención de indocumentados se han estado llevando a cabo por un largo tiempo. Hoy se conoce que miles de indocumentados se encuentran detenidos en prisiones dirigidas por personal privado y en las que se violan las más elementales normas del derecho.
Dije aquella vez que los detenidos eran mantenidos aislados por meses al margen del conocimiento de sus familiares y hay casos en que los detenidos eran personas con documentos legales, es decir, viviendo legítimamente en el país.
El aislamiento imposibilita a los detenidos buscar ayuda legal y se le mantiene en ese limbo por tiempo indeterminado. Los trámites de deportación se prolongan indefinidamente, solo por el hecho de que eso facilita a los beneficiarios de las cárceles y los centros de detención recibir más beneficios económicos.
Recientemente, grupos independientes y organizaciones religiosas, ligados a la defensa del inmigrante, se han dedicado a promover  campañas de denuncias sobre el estado y los abusos a que son sometidos los inmigrantes detenidos.
En un reporte aparecido en el New York Times se hace eco de las denuncias de esos grupos después de comprobar el estado miserable de los detenidos en cárceles de New Jersey.
En las denuncias se ponen de manifiesto las arbitrariedades de los manejadores de las cárceles. Las visitas son extremadamente restringidas cuando son permitidas.  A los enfermos se les limita el acceso a medicamentos y los accesorios de dormir, como son las almohadas, hasta esos  son escasos. Cerca de un 84% de los detenidos carecen de asesoría legal lo que prolonga la incertidumbre de sus destinos.
Los grupos de denuncias pudieron establecer que cuando ellos comenzaron a llamar la atención de las condiciones de las cárceles, los inmigrantes detenidos eran trasladados a otros lugares desconocidos, donde no tenían acceso a las visitas de los grupos de voluntarios pro-inmigrantes. Es decir, se cerraban las cárceles y se movían los detenidos sin previo aviso cuando había indicios de la presencia de grupos de denuncia.
La realidad revela que tenemos un sistema carcelario para los inmigrantes indocumentados completamente divorciado de las reglas y normas que regulan el funcionamiento del resto de las cárceles.  El sistema se puede calificar como una especie de apartheid, es decir, un mundo aparte regido por normas fuera de las reglas de juego establecidas.
Mientras tanto, miles de hombres y mujeres sufren las consecuencias de esta irregularidad, de la que no se hacen eco los medios de prensa y por tanto, oculta al conocimiento de la mayoría.
De manera que lo de Arizona no es más que la punta del iceberg o el pequeño viento de una tormenta que hace tiempo estremece el país de punta a punta y que solo la perciben aquellos inmigrantes que sufren y padecen las injusticias.