Hay cosas que aunque sean negativas es bueno que sucedan. Esto viene al caso  a propósito de las leyes  anti-inmigrantes pasadas en Arizona. Su promulgación han despertado la conciencia de lucha en las comunidades de inmigrantes y al mismo tiempo, ha demostrado que la respuesta de carácter policial no goza de la mayor simpatía entre la población y entre los sectores policiales mismos, que se han dado cuenta que su implementación es difícil de llevarla a cabo, debido al elemento de selección racial que conlleva. La ley abre las puertas a la discriminación ya que, como está concebida, sólo deja la opción de seleccionar a un inmigrante “indocumentado” en virtud de sus rasgos raciales. Otro elemento positivo que ha traído las negativas leyes, es que ha puesto en el tapete de la opinión pública la discusión del problema de la inmigración que, debido a otros asuntos prioritarios, había sido relegado al olvido.
Por otro lado, el sonado caso de las leyes ha contribuido a que se destaque el  sentido práctico de otras alternativas, como es el caso del estado de Nuevo México. Ese estado, que también hace frontera con México y por tal motivo enfrenta los mismos problemas de inmigración ilegal que Arizona, ha implementado en los últimos años una política frente al inmigrante indocumentado totalmente opuesta a la de carácter policial que es impulsada en Arizona.
Este año se pasó una resolución en la Casa de Representantes del estado de Nuevo Mexico, reconociendo la contribución económica que el inmigrante ilegal hace al estado.
Mientras la policía del estado de Arizona se da a la tarea de chequear licencias y documentos de manejar para determinar la ilegalidad de un conductor, en el estado de Nuevo Mexico sucede lo contrario. Es decir, se permite a los indocumentados obtener licencia de manejar como precaución de evitar que individuos impulsados por la necesidad de transportarse lo hagan sin el debido entrenamiento y por tanto, provoquen accidentes.
Frente a la actitud draconiana de reprimir al inmigrante ilegal del gobernador de Arizona, el de Nuevo Mexico presenta una actitud totalmente opuesta, poniendo como centro de su política, la integración a la sociedad de los inmigrantes que se encuentran en su territorio.
Muchos atribuyen la diferencia entre los dos estados, al hecho de que Nuevo Mexico tiene una población de raíz mexicana más numerosa que el estado de Arizona. La población latina, debido a su número, ha podido dictar el curso de la política del estado, según los analistas. Pero eso, a mi modo de ver, no quita el mérito realista de la política que se aplica con relación al inmigrante en el estado de Nuevo Mexico.
En este estado, Nuevo Mexico, también existen tensiones entre los nativos y los inmigrantes, la única diferencia es que aquí (Nuevo Mexico) gran parte de la población ha desarrollado mayor tolerancia hacia el problema y eso ha abierto las puertas a una política más consonante con el asunto del inmigrante ilegal.
No hay lugar a dudas de que, a la corta o a la larga, la solución al problema del inmigrante ilegal tiene que venir por la vía que el estado de Nuevo Mexico ha adoptado. La solución únicamente policial no va a resolver el problema y esto por dos razones: Primero, porque no hay suficiente personal policial para hacer retornar los 14 millones de ilegales que se estima viven actualmente en el país; y segundo, la presión policial conduciría a que aumenten los recursos ilegales usados por los indocumentados para permanecer en el territorio. Es decir, la ilegalidad traería más ilegalidad.
Necesariamente el país tiene que abocarse a buscar una solución política aceptable y realista al problema de la inmigración ilegal. Una solución que tenga como marco la justicia y el derecho y no la actitud draconiana de un estado policial como ha querido implementarse en Arizona.