El pasado 11 de agosto fue reabierta en Manchester, Connecticut, la planta de elaboración de cervezas donde una semana atrás murieron ocho personas, producto de un tiroteo realizado por un chofer de la empresa identificado como Omar Thornton.
El hombre disparó a matar a sus compañeros luego de que fuera despedido por alegadamente robar cerveza de la planta. Thornton, además de matar siete personas y matarse el mismo, dejó dos personas más seriamente heridas.
Un día antes, el 10 de agosto, fue ejecutado en Lucasville, Ohio, Roderick Davie, de 38 años de edad, quien disgustado con sus compañeros de trabajo, en 1991, disparó contra estos matando a dos de ellos.
Casos como estos dos, se producen a diario en los Estados Unidos, pero no se produce  ningún cuestionamiento de parte de la autoridades sobre el por qué ocurren estas cosas, ni se realiza mucho menos el esfuerzo de evitar que esto siga sucediendo.
¿Que tenían en común Thornton y Davie?
Dos cosas:  Perdieron el control y tenían a su disposición un arma con la cual transformar la furia incontrolada en una desgracia para otros y ellos mismos.
Si ninguno de estos dos hombres hubiera contado con un arma de fuego, sus descontroles no hubieran pasado de una pelea a puñetazos, o en el peor de los casos, alguien hubiera salido herido de un golpe con algún objeto.
Pero no, contaban con un instrumento fabricado para matar, cuya venta, como derecho constitucional en Estados Unidos, es defendida por el Congreso con más abnegación que el derecho de los niños a ir a la escuela, y el de las familias a disfrutar de un techo donde vivir.
Según las estadísticas, más de 80 personas mueren cada día en Estados Unidos por heridas de armas de fuego, y más de 50 agentes policiales mueren cada año asesinados por delincuentes armados, mientras cumplen con su deber.
Gracias a esa ferviente defensa al derecho constitucional de tener armas del Congreso, en este país de paz y seguridad, nadie está seguro, pues uno nunca sabe cuándo entrará un loco a un restaurante donde uno está almorzando, disparando a todo ser viviente que encuentre a su paso.
No hay una revisión profunda de los antecedentes de los que compran armas de fuego, por eso ocurrió la tragedia de Virginia Tech donde murieron 33 estudiantes en el 2007, porque en virtud de la segunda enmienda, no se le debe poner difícil al ciudadano hacerse de “ese medio de defensa”.
Los medios de comunicación dan todos los días las noticias de los muertos por armas de fuego.  Desde matanzas en masa hasta incidentes callejeros y domésticos.  Pero ninguno señala al culpable, ni tan siquiera plantea el problema.
Porque en estas desgracias la solución afecta a los intereses de los comerciantes de armas, y el Congreso parece que fue electo para defenderlos a ellos y no a los ciudadanos.