Algunos líderes del Partido Republicano, como el congresista del estado de Utha, Jason Chaffetz, parecen no conocer la diferencia entre los derechos humanos y los derechos constitucionales y civiles.  Por eso, desde el mes de junio de este año, han venido realizando una campaña de ataques contra la secretaria de estado labores, Hilda Solís, por un anuncio publicitario de la cartera (de esa secretaría), en la que alerta a los patronos que el salario mínimo debe ser respetado independientemente de que el trabajador sea legal o ilegal. Según estos dirigentes políticos quienes parecen encontrarse “en cruzada contra la inmigración ilegal”, con vistas a alas elecciones de noviembre, el aviso representa un soporte del Departamento de Labores a la inmigración ilegal, y según ellos, no se explican (palabras textuales de Chafftetz) “por qué los contribuyentes tienen que costear la asistencia a los trabajadores indocumentados para que estos reciban un salario justo, mientras millones de norteamericanos se encuentran desempleados.” (“why taxpayers are being asked to spend money to ensure that illegals get assistance for fair wages while millions of unemployed Americans struggle to find jobs”).
Lo primero es, que esos avisos del Departamento de Labores no son nada nuevo, y el mensaje de que el trabajador indocumentado no puede ser abusado no significa que se esté aceptando como legal la condición de ilegal.
Decir que no se puede violar sexualmente a una mujer indocumentada, no significa que se le esté otorgando visas de residencia permanente en Estados Unidos a todas las mujeres indocumentadas.  Lo mismo que quitarle la vida a un indocumentado, no exculpa al crminal.
Toda persona tiene derechos intrínsecos, independientemente de que sea legal o ilegal en otra nación.  Si no existieran esas prerrogativas, no existiera garantía de vida para los extranjeros indocumentados en ninguna parte del mundo, y volveríamos a aceptar el estado de esclavitud como se concibió en la antigua Roma con los que no tenían estatus aceptado por el imperio.
Esos pronunciamientos en contra de los avisos del Departamento de Labores, son una penosa muestra de ignorancia, y de una muy pobre condición humana,  de sentimientos muy bajos, no dignos de una persona encargada de legislar para la nación.
¡Estados Unidos merece algo mejor!