GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) Trabajadores y empleadores agrícolas de Michigan impugnaron en una corte federal la orden ejecutiva de la gobernadora Gretchen Whitmer que exige la prueba obligatoria de COVID-19 a los trabajadores del campo y empresas asociadas a la producción agrícola.
El bufete de abogados Varnum LLP, con sede en Grand Rapids, presentó la Demanda el martes por la noche en nombre de los trabajadores agrícolas de “Riveridge Produce” localizada en Sparta y “True Blue Processing” de Grand Junction.
Los demandantes buscan revocar el requisito de prueba obligatorio del Departamento de Salud de Michigan para ciertas operaciones agrícolas y presentaron una Moción de emergencia buscando una orden judicial preliminar, mientras que el caso se discute en un tribunal federal.
Señalan que la orden de emergencia del MDHHS infringe sus derechos constitucionales, incluida la discriminación racial contra los latinos.
La presentación, la orden se dirige a dos clases de trabajadores para las pruebas obligatorias y la posterior aplicación: trabajadores migrantes y de temporada y trabajadores de las industrias de carne, aves, procesamiento de huevos e invernaderos.
"Según la Orden del Estado, los trabajadores latinos deben someterse a la indignidad de las pruebas obligatorias antes del 24 de agosto. Si se niegan, ponen en peligro su empleo y vivienda”, afirmaron los demandantes.
En una entrevista con El Vocero Hispano la semana pasada la directora del Michigan Migrant Legal Aid, Teresa Hendricks, deploró la decisión de la gobernadora y dijo que la misma afecta directamente a los trabajadores latinos.
“Con esta orden están poniendo a los trabajadores a decidir si hacerle la prueba o perder el trabajo”.
Dijo que la orden está bien intencionada pero mal ejecutada porque se está obligando a personas que no tienen síntomas a hacerse la prueba, además de que está dirigida hacia un grupo étnico que es la comunidad latina.
“Es injusto puesto que muchos de los trabajadores del campo vienen de otros estaos y otros países con visas y no pueden regresarse fácilmente, las leyes para estos trabajadores son muy estrictas”, dijo Hendricks.
La información enviada a los medios informando de la orden ejecutiva por la oficina de la gobernadora contiene declaraciones del director del Departamento de Salud, Robert Gordon en la que señala a los latinos como los mayores portadores del virus.
Citó 11 brotes identificados en granjas y procesamiento de alimentos.
Dijo que “los latinos son el 5 por ciento de la población de Michigan, pero representan el 11 por ciento de los casos del virus”.
“Pandemia o no, el Estado no puede someter a una clase racial de personas a un conjunto de reglas diferente a la que se aplica a otras”, afirmaron los demandantes. “La Cláusula de Igualdad de Protección está en el corazón de nuestra Constitución y permanece en vigor a pesar de cualquier estado de emergencia declarado. Si bien la gobernadora Whitmer y el director Gordon tienen la tarea de luchar contra el COVID-19, deben hacerlo de una manera racialmente neutral ".
En la demanda los trabajadores agrícolas señalaron que, desde el 10 de marzo de 2020, la gobernadora Whitmer ha emitido no menos de 163 órdenes ejecutivas separadas en respuesta al COVID-19, incluida la Orden Ejecutiva 2020-137, que entró en vigor el 29 de junio de 2020.
Esa orden ejecutiva, entre otras cosas, requería que los empleadores y los trabajadores agrícolas tomaran medidas preventivas proactivas para crear condiciones de vida más seguras para los trabajadores migrantes durante la pandemia de COVID-19.
Como resultado, la orden ejecutiva indica que "quienes brindan vivienda a los trabajadores agrícolas migrantes de Michigan deben implementar planes para prevenir la exposición al nuevo coronavirus que causa COVID-19, cuidar a las personas con COVID-19 y prevenir la propagación de enfermedades entre sus trabajadores"
Según la queja, los empleadores y los trabajadores agrícolas han estado empleando prácticas de prevención de COVID-19, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, mucho antes de que se implementara la Orden de emergencia del MDHHS, incluido el uso de máscaras, el distanciamiento social y el uso de desinfectantes.
“La Orden de Emergencia del MDHHS tiene el potencial de desarraigar por completo las vidas de muchos trabajadores agrícolas latinos y destruir la industria agrícola y de procesamiento de alimentos. La Orden amenaza directamente a los demandantes, sus medios de vida, sus arreglos de vivienda y los deja en un miedo innecesario ".
Como resultado, según los trabajadores agrícolas, muchos considerarán seriamente dejar sus trabajos y el estado si tienen el mandato de realizar la prueba de COVID-19 antes de la fecha límite del 24 de agosto.
"Debido a que los trabajadores están obligados a tomar una prueba COVID-19 obligatoria para seguir empleados, existe un riesgo significativo de que esos trabajadores elijan buscar oportunidades en industrias sin pruebas obligatorias para evitar el riesgo de no poder trabajar", dicen los demandantes.
Los demandantes solicitaron que el Tribunal, "en forma expedita, dicte sentencia a su favor y en contra de la gobernadora Gretchen Whitmer, el director del departamento de salud, Robert Gordon y el director del departamento de agricultura Gary McDowell", de la siguiente manera:
Declarar, que la orden de Gordon viola la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
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