La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que prohibe la existencia de grupos criminales y establece penas para sus integrantes de entre cuatro y 10 años de prisión.

"Son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras... y las agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales tales como la autodenominada Sombra Negra", establece el artículo 1 de la ley aprobada la noche del jueves con los votos de 78 de los 84 diputados.

Pero la nueva normativa fue rechazada de inmediato por un organismo no gubernamental que trabaja para reinsertarlos en la sociedad, y los mismos pandilleros advirtieron que ésta puede generar más violencia.

"Esta ley está medio rara, sólo hablan de represión y se han olvidado de verdaderos programas de rehabilitación", dijo a la AP Luis Romero Gavidia, de la organización Homis Unidos, la cual desarrolla programas para ayudar a los ex pandilleros.

"Los jóvenes ahora están preocupados. Esta es una estrategia para empujarnos a la violencia... están enfrentando la enfermedad con otra enfermedad", agregó.

"Lo que siembra el gobierno ahorita eso va a cosechar más tarde. Si ahorita siembra violencia más tarde violencia va a regresar", dijo un supuesto pandillero con el rostro cubierto que fue entrevistado por el Canal 21 de la televisión local.

En El Salvador, las pandillas están conformadas por unos 20.000 jóvenes y adolescentes, y según las autoridades estarían ligadas en los últimos años a la delincuencia y extorsiones, en su mayoría a comerciantes y empresarios de autobuses.

"Esta ley es porque se requiere combatir de manera frontal y directa a aquellos grupos que están atacando con lujo de barbarie a la sociedad salvadoreña", dijo a periodistas el diputado Arístides Valencia, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La legislación establece que todas aquellas personas que, según el sistema judicial, se les compruebe que integran una pandilla serán condenados a penas que van de los cuatro a seis años de cárcel. La pena sube de siete a 10 años cuando se trate de los cabecillas.

"Estamos en una guerra que la delincuencia nos ha declarado, por lo tanto le pido a las instituciones responsables de seguridad pública que actúen como tal y respondan a esa declaración de guerra", manifestó el diputado Antonio Almendariz, del conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN).

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex guerrillero Manuel Melgar, sostiene que existen hechos que podrían vincularse a los grupos de exterminio o escuadrones de la muerte.

La ley incluye que, en el caso de niños, niñas y adolescentes que sean identificados como miembros de pandillas y de agrupaciones, asociaciones u organizaciones ilícitas, se procederá conforme a la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia.

La normativa también establece que los integrantes, promotores, financistas, colaboradores y cualquier persona que, a sabiendas de su ilegalidad, reciba provecho directo de estas agrupaciones, "quedarán inhabilitados por el doble de tiempo a la condena establecida en el proceso penal o por el término de seis años de participar en una serie de actividades".

Entre estas actividades se encuentra la pertenencia a partidos políticos, ser candidatos a elección popular, ser concesionario, licitante o contratista, entre otros.(con informaciòn de AP)