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 Caracas, 9 sep (EFE).- Una jueza venezolana encarcelada desde
diciembre pasado y procesada por presunta corrupción apeló hoy a un
artículo constitucional que consagra la "desobediencia civil" para
negarse a ser enjuiciada por un magistrado al que acusa de no ser
imparcial.
La jueza María Lourdes Afiuni fue trasladada al Palacio de
Justicia de Caracas para la audiencia del juicio en su contra pero
pidió que la llevaran de nuevo a la cárcel de mujeres INOF porque el
juez de la causa estaría "parcializado políticamente" en su contra,
explicó a la prensa local su abogado, José Graterol.
"Ella no va a ir a juicio el día de hoy (...) no vamos a permitir
que un juez parcializado políticamente (...) juzgue a la doctora
María Lourdes Afiuni", declaró Graterol a las puertas del Palacio de
Justicia.
La jueza venezolana "en acatamiento al artículo 350 de la
Constitución Nacional indicó todas y cada una de las razones por las
cuales no se va a someter a un juicio en el que el juez sea el
doctor José Alí Fabricio Paredes", añadió Graterol.
Ese artículo establece que "el pueblo de Venezuela, fiel a su
tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la
libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o
menoscabe los derechos humanos".
Graterol explicó que el miércoles recusó al juez Paredes por las
presuntas "actitudes misóginas" contra su defendida, con el
argumento de que la habría "chantajeado" al plantearle que aprobaría
su traslado a una clínica para tratarle un quiste mamario si se
sometía a juicio.
Paredes recibió y rechazó la recusación "cuando eso le
corresponde a la Corte de Apelaciones", denunció el abogado, y
agregó que también ayer introdujo una denuncia contra Paredes por
"violencia de género en la Fiscalía 64 del Ministerio Público".
"Ese juez quiere realizar el juicio (...) sería inaudito que
pretenda hacer el juicio cuando ha sido denunciado penalmente" por
la propia acusada, dijo Grateron.
Afiuni ingresó en prisión en diciembre de 2009 después de
conceder la libertad condicional de manera supuestamente irregular
al empresario y banquero venezolano Eligio Cedeño, que se encontraba
en detención preventiva desde 2007 acusado de estafa.
La Fiscalía la acusa de la presunta comisión de corrupción, abuso
de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para
delinquir en el caso de Cedeño, lo que la jueza rechaza con el
argumento de que actuó apegada a las leyes locales.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió en diciembre pasado
que se castigue a Afiuni con la "pena máxima de 30 años" de cárcel
porque supuestamente permitió la evasión del empresario por medio de
una triquiñuela formal.
El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado julio una
resolución en la que solicita la liberación de Afiuni y considera su
encarcelamiento "un ataque a la independencia judicial".
La resolución, promovida por los partidos de centroderecha, fue
aprobada en Estrasburgo (noreste de Francia) por 46 votos a favor,
20 en contra y una abstención, en una votación marcada por la
ausencia de la mayor parte de los 736 eurodiputados que integran la
Eurocámara, lo que para el Ejecutivo venezolano deslegitimó su
validez. EFE
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