WASHINGTON (AP) — Las demoras en la tramitación de una ley que resuelva la situación de unos 11 millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin un status migratorio legal y la política de deportaciones masivas del gobierno son una combinación nefasta que genera enorme frustración entre los impulsores de una reforma integral a las leyes de inmigración.
El Congreso estadounidense comenzará el viernes su receso veraniego sin haber definido el futuro de los inmigrantes sin papeles, que enfrentan a diario el riesgo de ser deportados. Para peor, el presidente Barack Obama no está dispuesto a apelar a una orden ejecutiva para suspender las deportaciones de personas que podrían acogerse a una reforma una vez aprobada.
Activistas protestaron la semana pasada frente a la Casa Blanca para exigir una suspensión de las deportaciones, que han alcanzado un promedio de 1.100 personas diarias, el nivel más alto de la historia. Una de las pancartas mostraba el rostro de Obama con la inscripción "Comandante de las Deportaciones".
"Es mentira que el presidente no puede hacer nada para parar las deportaciones. Lo puede hacer ya mismo si quiere", declaró a la Associated Press Marisa Franco, integrante de la Red Nacional de Jornaleros, una de las agrupaciones que organizó la manifestación frente a la Casa Blanca.
Obama emitió el año pasado una orden ejecutiva por la cual se suspendieron las deportaciones de los "dreamers", o soñadores, como se denomina a los jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. Pero no quiere emplear el mismo recurso con el resto de los inmigrantes sin papeles a la espera de que se apruebe una reforma.
Al preguntarle si apelaría a una orden ejecutiva para suspender deportaciones en caso que el Congreso no apruebe una reforma migratoria, Obama respondió este mes a Univision que "probablemente no. Creo que es muy importante para nosotros reconocer que la manera de resolver este problema tiene que ser por la vía legislativa".Y el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, uno de los ocho autores del proyecto de ley aprobado por el Senado, dijo a su vez a AP que sería un "error enorme" buscar una orden ejecutiva porque "suspendería un porcentaje muy pequeñito de deportaciones" y porque "el tiempo no es ilimitado para pasar la ley (de reforma migratoria). Si no la pasamos en este congreso, no creo que la vayamos a ver en mucho tiempo".
Desde 2008 y hasta 2012, las deportaciones ascendieron hasta ubicarse levemente por debajo de las 400.000 anuales, comparado con las 200.000 registradas en 2007, la cifra más alta durante los dos periodos del presidente republicano George W. Bush.
La reforma, mientras tanto, tropieza con varios obstáculos. Algunos grupos han expresado su malestar por lo que consideran una excesiva inversión de 49.000 millones de dólares en seguridad fronteriza estipulado en el proyecto de ley del Senado a cambio de que los inmigrantes sin papeles se puedan naturalizar.
De hecho, una treintena de organizaciones pidieron la semana pasada a miembros de la cámara baja descartar el proyecto del Senado porque consideran que sus restricciones terminarían impidiendo la legalización de una cantidad importante de los 11 millones de inmigrantes sin papeles.
La treintena de organizaciones incluye a Presente.org, Casa Aztlán de Chicago y Hermandad Mexicana. Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, dijo a AP que considera un "grave error" el haber incluido a última hora en el proyecto del Senado una enmienda presentada por los republicanos John Hoeven (Dakota de Norte) y Bob Corker (Tenesí).
La medida, que incluye duplicar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, extender la cerca 1.100 kilómetros (700 millas) e invertir 49.000 millones de dólares en equipos como aviones no tripulados, radares y monitores antisísmicos a lo largo de la frontera con México "permitió que el debate en la cámara baja se volcara sustancialmente hacia más restricciones para la inmigración ilegal sin alcanzar la meta expresada por sus autores de lograr una aprobación con 70 votos", dijo Ramírez, cuya organización no se pronunció en contra del proyecto de ley.
Pero al conversar con AP, el senador Menéndez defendió la inclusión de la medida Corker-Hoeven, explicando que "en ese momento no teníamos siquiera 60 votos y había dos demócratas que aún no habían votado a favor. Sin esa enmienda no habríamos pasado de 59 votos aun incluyendo a todos los 54 demócratas".{jcomments on}
